El intendente de Allen, Marcelo Román, volvió a presentar ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia económica, financiera y administrativa por seis meses. La iniciativa llega tras el rechazo de una versión anterior en septiembre, que, según los concejales, no contaba con «explicaciones específicas sobre el origen y destino de los recursos”.

Según el proyecto al que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, la nueva propuesta se fundamenta en lo que el Ejecutivo describe como una fuerte caída de los recursos municipales, producto de la reducción en la coparticipación federal y la menor transferencia de fondos nacionales.

Según la ordenanza, esta situación “modificó indirectamente la distribución impositiva hacia las provincias y generando un impacto negativo en las cuentas fiscales”.

El texto añade que la combinación de esta disminución de recursos, la retracción de la actividad económica y la reducción de transferencias discrecionales desde la Nación “profundiza el desfinanciamiento local, limitando severamente la capacidad de los municipios para atender gastos corrientes esenciales y sostener la prestación de servicios básicos a la comunidad”.

El proyecto también señala que la falta de actualización de las tasas municipales y el aumento sostenido de los salarios durante los últimos años “ha generado un escenario de complejidad creciente en materia financiera”, según el texto del Ejecutivo.

El proyecto de emergencia amplía las facultades de Román
Entre las medidas planteadas, se otorga al Ejecutivo una serie de facultades especiales para “efectuar una revisión integral de los contratos del personal (funcionarios/contratados), con el objeto de adecuarlos al contexto de emergencia vigente, procurando optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios”.

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La normativa también faculta al Ejecutivo a “renegociar, suspender, modificar, anular, rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la Secretaría Legal”, según el proyecto.

Otro punto habilito al Ejecutivo a revisar la continuidad de trabajadores jubilados que aún cumplen funciones bajo contratos vigentes. En esos casos, el municipio podrá decidir su baja o prórroga, “quedando facultado el poder ejecutivo municipal para disponer la baja de dichas contrataciones, en los casos que se considere pertinente”, según la ordenanza.

El proyecto también establece la suspensión de nuevas contrataciones, la prohibición de designaciones y la limitación de horas extras a casos estrictamente necesarios, previa autorización formal. “Facúltese al poder ejecutivo a suspender la realización de horas extras, salvo caso estrictamente necesario, y solo serán autorizadas con anterioridad, por el intendente municipal y la secretaria de hacienda».

Asimismo, se plantea la suspensión de negociaciones paritarias durante la vigencia de la emergencia, aunque deja abierta la posibilidad de retomarlas si “conforme dictamen de la comisión de auditoría interna, existan posibilidades reales de realizar y afrontar propuestas de incremento salarial”, según la ordenanza.

Entre los mecanismos de control, el proyecto prevé la creación de una Comisión de Auditoría Interna, encargada de “examinar y dictaminar sobre las actividades financieras y administrativas del municipio y se encuadre en la ordenanza, siendo su conformación y sus funciones las que por vía reglamentaria determine el poder ejecutivo”, según el texto.

La ordenanza también faculta al Ejecutivo a recibir donaciones de empresas, instituciones o personas jurídicas, en dinero o especie, destinadas exclusivamente a sostener los servicios esenciales, “mediante acto administrativo formal y rendidas conforme a la normativa vigente”, según la ordenanza firmada por el intendente.

Además, durante el período de emergencia, se establece que “quedarán suspendidos actos culturales, protocolares y de representación institucional que demanden erogaciones presupuestarias extraordinarias, quedando exceptuados aquellos de carácter obligatorio, institucional o de interés público impostergable”.

El proyecto también permite al Ejecutivo “comprender y/o renegociar la totalidad de las deudas con acreedores particulares, proponiendo nuevas fechas de vencimientos y modalidad de pago, conforme a la proyección de ingresos del municipio”.

La propuesta seguirá los pasos legislativos correspondientes: el lunes se hará una reunión ampliada exclusiva de concejales en la que se tratará el proyecto, luego se llevará a sesión para después dirigirla a comisión para su evaluación.