Al respecto mantengo la firme determinación de poner fin a los «funcionarios ricos», ya que una verdadera democracia no se mide solo por la frecuencia con la que se abren las urnas, sino por la autonomía con la que quienes resultan electos, toman sus decisiones. Cuando el financiamiento de los partidos políticos queda al arbitrio de billeteras privadas desmedidas, el principio fundamental del voto popular se altera y vulnera la verdadera democracia.

Del mismo modo, considero que la política deja su objetivo de “trabajar para el bien común” para convertirse degradantemente de manera invertida, donde las corporaciones, grupos millonarios, narcotraficantes y el dinero ilícito proveniente del juego y la prostitución financian candidatos no por convicción ideológica, sino para «comprar» futuros funcionarios que respondan a sus intereses económicos.

Para ello creo que, una verdadera Patria no puede permitir la distorsión en la que existan «dueños del capital» gestionando lo público, ni una matriz donde convivan sueldos públicos bajos con funcionarios que enriquecen su patrimonio de forma inexplicable.

El control actual del financiamiento político mixto es tardío e ineficaz ante el dinero privado y los fondos paralelos, donde ambos rompen la equidad electoral, ocultan el origen real del dinero y a la vez, la revisión o trazabilidad se realiza cuando el daño político ya se consumó. Como contrapunto cito a modo de ejemplo el caso de Alemania, el cual ofrece un buen ejemplo con su Ley de Partidos de 1967, que iguala el financiamiento público según los votos y prohíbe que el subsidio estatal supere los ingresos propios del partido, evitando «partidos fantasmas» que solo viven del Estado y controlando los fondos con un fuerte control estatal.

Hace ya varios años que vengo sosteniendo el planteo sobre que la ética pública exige salarios dignos a los funcionarios, auditorías patrimoniales continuas y la prohibición por ley para que empresarios de corporaciones no alteren su rol con el Estado, estando de un lado del mostrador y luego otro.

En este sentido y a modo de conclusión y para que quede bien claro, remarco que el Estado es quien debe financiar la política y a los partidos políticos y a su vez utilizar fuertes mecanismos de control, así como también debe regular las redes sociales y aplicar una revisión estatal en tiempo real la cual garantice que los gobernantes representen a las mayorías populares y no a las empresas financistas, evitando que la política se subordine al poder económico, porque si ello se pierde ya no hablaríamos de democracias de derecha sino de tiranías económicas colocadas en los puestos del Estado.

Lic. Juan Matteo.
Sec. Ejecutivo FAM