Esta acción marca un hito en el devenir de la minería argentina, ya que dos Estados federales en aras de administrar con equidad sus recursos y priorizar el desarrollo y la producción para el bien común han convenido en el esfuerzo de evaluar técnica y profesionalmente el proyecto de litio.

El proyecto dirigido por la firma coreana Posco Argentina SAU, está listo para iniciar los trabajos de construcción, tras emitir los permisos las Autoridades de Aplicación ambiental, correspondientes a las provincias de Salta y Catamarca sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Sal de Oro comprometió una inversión de 700 millones de dólares, prevé la contratación de más de 1.000 empleados en la fase de construcción, 380 en la de operación. Asimismo se afianza el crecimiento de la cadena de valor minera en torno a proveedores de bienes y servicios.

El gobernador Gustavo Sáenz hizo hincapié en el compromiso de ambos gobiernos por lograr el desarrollo productivo en dicha zona de cooperación, a los efectos de fomentar y facilitar las inversiones, y otorgar seguridad jurídica al proyecto. “Se trata de una zona con un gran potencial minero que históricamente estuvo en conflicto, pero a partir del diálogo y el trabajo conjunto muy pronto van a comenzar a trabajar en el lugar proyectos de gran impacto económico para ambas provincias”, resaltó el mandatario salteño.

Bajo un análisis exhaustivo e integral, los equipos técnicos y legales de las Autoridades Ambientales de aplicación de ambas jurisdicciones se abocaron por meses al estudio conjunto del Informe de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto ubicado en la zona de cooperación en el Salar de Hombre Muerto.

Esta acción se enmarca en las acciones coordinadas tendientes a facilitar el desarrollo de las actividades del proyecto y garantizar que la empresa minera adopte la alternativa más respetuosa con el medio ambiente a la hora de planificar la construcción del proyecto Sal de Oro.

En este sentido, se ratificó el trabajo intenso y coordinado, para asegurar el inicio de las obras del proyecto que se regirá por la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, de ambas jurisdicciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 252 del Código de Minería.