La presentación de la medida judicial se hizo el pasado martes 2 de enero, primer día hábil del año. Según destacó Fernando Espinoza durante la presentación, “entendemos que las políticas del Gobierno afectan negativamente de múltiples maneras, en principio a las vecinas y vecinos que representamos todos los intendentes e intendentas del país, al comercio interno y la industria nacional, privatiza indiscriminadamente, elimina la obra pública, destruye la Ley de Movilidad que establece el aumento de las jubilaciones cada tres meses y dicta muchísimas más medidas inconstitucionales que dañan al pueblo, a las economías regionales, a la soberanía nacional y vulnera innumerables derechos adquiridos”.

El presidente de la FAM hizo referencia a la importancia del rol de los Gobiernos locales: “A días de haber asumido Milei, ya se generó un antes y un después en la Argentina. Vemos cómo se van cayendo argentinos del sistema laboral y cómo se está generando un desmoronamiento del poder económico de todo el pueblo”, y subrayó: “Nosotros como primer escalón de la democracia tenemos la responsabilidad de defender las voces de millones de mujeres, hombres, abuelas y abuelos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras y PyMEs, productores rurales y regionales de cada una de nuestras ciudades”.

«No cabe lugar a dudas que el Decreto de Necesidad y Urgencia atacado atenta contra el sistema republicano de gobierno y en especial contra el principio de supremacía constitucional y división de poderes, al pretender gobernar mediante la aplicación de un procedimiento excepcionalísimo, como lo es el Decreto de Necesidad y Urgencia, extremo que violenta sin lugar a dudas los mecanismos constitucionalmente establecidos a tal fin, de allí que esta parte se encuentra legitimada a interponer la presente acción en defensa del universo colectivo de los ciudadanos» explicó el presidente de la Federación Argentina de Municipios e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Por su parte, el vicepresidente de la F.A.M. e intendente de la localidad chaqueña de Machagai, Juan Manuel García explicó que «El DNU 70/2023 es manifiestamente inconstitucional, por cuanto viola de modo flagrante los presupuestos y las condiciones constitucionales de emisión. La inconstitucionalidad resulta patente, evidente o manifiesta, por cuanto no exige medidas de prueba ni ninguna investigación adicional para comprobar la falta de adecuación del mismo con las reglas y principios fijados expresamente por la Constitución como condición de su validez».

El director ejecutivo de la Federación Argentina de Municipios, Juan Matteo expresó también que «Por el Decreto 70/23 el presidente se auto atribuyó funciones legislativas que son ajenas, lo que sólo puede ser evitado o revertido mediante el control legislativo y el control judicial, que son dos procesos de defensa del orden democrático y del sistema republicano de gobierno que se complementan y no se autoexcluyen».