El mismo considera, entre otros puntos, que los parámetros establecidos en dicha Ley resultan inconsistentes con la realidad y necesidades específicas de la ciudad de Reconquista, la cual presenta características económicas y demográficas que no fueron contempladas adecuadamente en la legislación provincial.

A su vez, argumenta que las habilitaciones comerciales son una competencia propia de las jurisdicciones municipales; ya que hay parámetros claros y jurisprudencia acabada sobre las competencias municipales y su capacidad de legislación dentro de su ejido, tal como entienden es el caso de las habilitaciones comerciales. Y que, si bien la adhesión a la Ley fue la voluntad expresa de la Municipalidad de Reconquista en el año 2009, luego ratificada en 2010 y 2012, la realidad económica y social de la ciudad de Reconquista ha cambiado significativamente desde la promulgación de dicha ordenanza, requiriendo un análisis actualizado y ajustado a las necesidades y demandas de la comunidad.

De esta manera, el Ejecutivo Municipal entiende que dicha situación pone en jaque el crecimiento económico de la ciudad, no sólo afectando a nuevas inversiones, sino poniendo en vilo a las existentes, afectando principalmente a los comerciantes locales con emprendimientos existentes, ya que la instalación de grandes superficies o la ampliación de las existentes en Reconquista podría generar la creación de empleo directo e indirecto, contribuyendo a la disminución de la tasa de desempleo local; el incremento en la recaudación de impuestos municipales, fortaleciendo las finanzas públicas y permitiendo una mayor inversión en obras y servicios para la comunidad; la posibilidad de acceder a una mayor diversidad de productos y servicios, mejorando la calidad de vida de los habitantes de Reconquista; y la competencia en el mercado local, que podría resultar en precios más competitivos y beneficios para los consumidores.