La intendenta del departamento de Chimbas, Daniela Rodríguez, anunció este martes el veto total a la Ordenanza Nº2913-CD-2025, correspondiente al Presupuesto de Gastos y Recursos 2026, sancionada recientemente por el Honorable Concejo Deliberante. La jefa comunal fundamentó su decisión en que la norma altera de manera sustancial el proyecto original enviado por el Ejecutivo y vulnera el principio constitucional de división de poderes.

“Es mi deber como Intendenta comunicarles que he tomado la decisión de vetar el presupuesto 2026, ya que afecta la asignación de recursos prevista por el Ejecutivo y produce un grave avasallamiento de las competencias de los poderes”, expresó Rodríguez en un comunicado dirigido a la comunidad chimbera.

Cuestionamientos al rol del Concejo Deliberante
Según explicó la intendenta, la facultad del Concejo Deliberante en materia presupuestaria es autorizante y de control, pero no ejecutiva ni gestora. En ese sentido, remarcó que el cuerpo legislativo puede aprobar, rechazar u observar el presupuesto, pero no está habilitado para diseñar uno nuevo, reasignar partidas, crear gastos ni modificar prioridades, ya que esas acciones corresponden exclusivamente al Poder Ejecutivo.

Rodríguez sostuvo que las modificaciones introducidas por el Concejo transformaron el presupuesto en una norma que no guarda relación con el proyecto original remitido desde el Departamento Ejecutivo Municipal.

Cuatro mil millones para el Concejo y aumento salarial
Uno de los puntos más críticos señalados por la intendenta fue la asignación de cuatro mil millones de pesos para el funcionamiento del Concejo Deliberante, un monto que calificó como “altísimo para cualquier órgano legislativo municipal” y que, según afirmó, afecta la gobernabilidad del departamento.

Además, denunció un exceso de poder al indicar que el Concejo decidió unilateralmente aumentar la remuneración de la intendenta, con el objetivo de incrementar los haberes de los concejales, dado que —según la Carta Orgánica Municipal— el sueldo de los ediles se fija en función del salario de la jefa comunal.

Creación de cargos y estructura paralela
Otro de los argumentos del veto se basa en la reasignación de partidas propias del Ejecutivo al Poder Legislativo, incluyendo la creación de fondos para viáticos, subsidios y contrataciones directas. A esto se suma, según Rodríguez, la creación de una estructura administrativa paralela, sin sustento legal, con nuevas direcciones como Eventos, Recursos Humanos, Compras y Contrataciones e Innovación, Planificación y Participación Ciudadana, entre otros 11 nuevos cargos políticos.

“Un deber jurídico, no una opinión política”
La intendenta aseguró que desde el Ejecutivo se intentaron instancias de diálogo formal e informal con el Concejo Deliberante, sin resultados. Por ello, afirmó que el veto no responde a una postura política, sino a una obligación legal.

“Este veto es un mecanismo de defensa del orden constitucional. Es un deber jurídico para garantizar el principio republicano de división de poderes y el equilibrio funcional de los servicios que brindamos a nuestra comunidad”, concluyó.

El comunicado de la intendenta Daniela Rodriguéz
Queridos vecinos, vecinas, compañeros y compañeras de trabajo y público en general:

Es mi deber como Intendenta del Departamento de Chimbas, comunicarles a ustedes que he tomado la decisión de vetar la Ordenanza Nº2913-CD-2025 “Presupuesto de gastos y recursos 2026”, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, ya que afecta la asignación de recursos que el Ejecutivo tenía previstos para el ejercicio 2026, conforme el proyecto enviado, y produce un grave avasallamiento de las competencias de poderes.

La facultad del Concejo Deliberante en materia presupuestaria es autorizante y de control, no ejecutiva ni gestora. El Concejo puede, según las competencias dadas por la Carta Orgánica Municipal: aprobar el presupuesto, rechazarlo, formular observaciones, pero no puede: diseñar un nuevo presupuesto, reasignar partidas, crear gastos, alterar prioridades ni determinar destinos del gasto, porque ello implica gobernar, no legislar.

Por lo expuesto y de acuerdo a las modificaciones introducidas a la ordenanza sancionada por el Concejo, se advierte inmediatamente que ésta no se corresponde con el proyecto original remitido desde el Departamento Ejecutivo Municipal.

En dicha ordenanza, el Concejo destina cuatro mil millones de pesos para su funcionamiento, un monto altísimo para cualquier órgano legislativo municipal, y que produce un quiebre del orden institucional que afecta la gobernabilidad porque el Concejo, al redefinir las partidas, decidir qué gastos se realizan y cuáles se suprimen, cuántos agentes se pagan, qué contratos se honran, que políticas sociales se ejecutan y qué servicios continúan, pasa de controlar a gobernar, sustituyendo al Poder Ejecutivo en su función esencial.

Una muestra clara del exceso de poder y del abuso de competencias, se da en la decisión unilateral del Concejo de aumentar mi remuneración como intendenta, con el único objetivo de incrementar sus propios haberes. Cabe destacar para conocimiento de todos que, según la Carta Orgánica Municipal, el sueldo de los concejales se fija en función del de la intendenta.

A esto se suma, la asignación de partidas que corresponden originariamente al Poder Ejecutivo, trasladándolas al Poder Legislativo, como por ejemplo: la creación de partidas para la asignación directa de viáticos, subsidios y contrataciones, entre otras. También la generación unilateral de una estructura administrativa paralela a la del Ejecutivo, sin sustento legal, como lo son las direcciones de Eventos, de Recursos Humanos, Compras y Contrataciones e Innovación, Planificación y Participación Ciudadana, entre algunos de los 11 nuevos cargos que intenta crear el Concejo Deliberante en planta política.

Desde el Ejecutivo siempre se buscó la instancia de diálogo, de manera formal e informal, sin obtener resultados. Por esto, queridos chimberos, el veto responde a un mecanismo de defensa del orden constitucional, no es una opinión política, es un deber jurídico, para garantizar el principio republicano de división de poderes y el equilibrio funcional de los servicios que brindamos a nuestra comunidad.