La situación sanitaria y ambiental que registra la ciudad capital de la provincia de Tucumán recibe un fuerte impulso para su recuperación por parte de la gestión de su intendenta, Rossana Chahla. Este último martes, 12 de diciembre, el Municipio de San Miguel de Tucumán presentó ante la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, que encabeza Fernando Juri, un proyecto de ordenanza con el propósito de declarar la Emergencia Sanitaria y Ambiental en su jurisdicción.

Entre los fundamentos para llevar adelante esta iniciativa, con alcance durante un año de vigencia, destaca el estado de situación que registra un informe con el diagnóstico ambiental del Área Metropolitana de Tucumán (AMeT) -que acompaña la presentación ante el HCD- en el que se detallan aspectos relacionados de manera directa el medio natural y las actividades humanas, como la calidad del aire, los espacios verdes, la gestión política metropolitana, la educación ambiental y, especialmente, la gestión de residuos domiciliarios, entre otros.

Para llevar adelante la ejecución eficaz de estos propósitos, la intendencia procura habilitar al departamento Ejecutivo a arbitrar los medios necesarios para la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos en todo el ámbito municipal a partir de la promulgación del proyecto, y autoriza al Departamento Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para efectuar, ante eventualidades y con carácter excepcional, contrataciones de manera directa que permitan brindar soluciones a la comunidad. En ese mismo sentido, la creación de una comisión integrada por el presidente del HCD y los titulares de cada uno de los bloques políticos del cuerpo deliberativo, con el fin de realizar el seguimiento de las acciones realizadas.

Otro de los fundamentos para el impulso de la medida, pese a la existencia de una Dirección Provincial, se considera que no se ha podido dar solución al control dentro de la ciudad por la complejidad y extensión que abarca. En otras palabras, es el propio Municipio el que busca hacer cumplir la legislación vigente en términos de protección ambiental y gestión de residuos sólidos que, de continuar en falta, podría ocasionar un grave daño ambiental en la cuenca Salí-Dulce, en las napas, suelos y el aire, redundando todo esto en problemas de salud para la población.