La norma se aprobó este martes y establece un «órgano de gestión y coordinación» para mejorar la calidad de vida en los 317 barrios populares -también llamados «asentamientos»- que existen en Mendoza. Entre los objetivos están la regularización de las propiedades y el acceso a los servicios básicos

El Senado de Mendoza aprobó este martes la creación de un comité específico y multisectorial para mejorar la calidad de vida de quienes viven en los 317 barrios populares -comúnmente llamados «villas» o «asentamientos»- de la provincia.

Con apoyo de distintos partidos, la iniciativa que presentó hace dos años la exlegisladora Silvina Camiolo (PJ) saltó «la grieta» y pasó finalmente al Ejecutivo para su promulgación. La norma prevé la formación del “comité provincial para la integración socio urbana de barrios populares”.

Y se calcula que son cerca de 17.000 familias mendocinas las que viven en estos vecindarios, donde hay dificultades habitacionales o problemas para acceder a los servicios básicos. A ellas debería llegar el comité una vez que comience a funcionar.

Según se especificó, se trata de «un órgano participativo de gestión y coordinación conjunta para el debate, diseño, planificación, control e implementación de políticas públicas en materia habitacional e integración social y urbana».

Hace diez días, se prohibieron los desalojos en los barrios populares de todo el país durante la próxima década

La medida va en sinfonía con algunos cambios recientes en la legislación nacional: el jueves 27 de octubre se aprobó en el Congreso de la Nación una ampliación de la ley 27.453 -conocida como «ley de barrios populares»- que suspende en todo el país y por 10 años el desalojo de aquellas poblaciones que figuren en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Todo ello en el contexto de una pobreza que no cede y que podría agudizarse a pesar del contexto internacional aparentemente favorable (suba en el precio de las commodities, desarrollo de Vaca Muerta, aumento del potencial exportador, etcétera).

De la «villa» al barrio popular y a la esperanza de desarrollo
La senadora Cecilia Juri (PJ) valoró el camino recorrido por quienes trabajan en el Renabap, una herramienta base para plantear los objetivos del futuro comité mendocino.

«La creación de este registro surge en el 2018. Cuando hablamos de este sistema podemos mencionar que estas organizaciones recorrieron Mendoza y todo el país para tener los datos precisos y conocer cuántos barrios en estas condiciones tenemos», recalcó.

Esos sondeos revelaron que en el país hay más de 5.000 asentamientos, con Mendoza por arriba de los 300. Ahora, el comité deberá abordar las necesidades de ese sector social en la provincia y buscar soluciones dialogadas.

Entre los barrios populares más grandes de la región están Colonia Hípica (Malargüe, 561 familias), Portal del Algarrobal (Las Heras, 495 familias), el Loteo La Celia (San Carlos, 462 familias), el barrio Grilli, de Corralitos (Guaymallén, 440 familias), Estación Espejo (Las Heras, 363 familias), el Olivares (Capital, 308 familias) e Isla Río Diamante y El Molino, que son de San Rafael y entre las dos suman 1200 familias.

No sólo los peronistas
Pero no fue sólo desde el Frente de Todos que apoyaron la iniciativa. El senador Rolando Baldasso (PRO) expresó que desde su espacio votarían a favor; al igual que la senadora Ángela Floridia, que adelantó el sí de la UCR.

A su turno, Claudia Najul (UCR) calificó la sanción de la ley como una «gran noticia» porque «permitirá planificar e implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de miles de familias».

Najul también destacó que la ley inspiradora del comité, la 27.453, se trabajó en el Congreso Nacional durante el gobierno de Cambiemos: «Celebro que Mendoza sume esfuerzos para la integración comunitaria de los barrios populares. Se trata de la transformación más profunda para miles de familias siendo un paso a la integración real. Es la posibilidad de acceder a servicios de agua, luz, asfalto, a un domicilio».

En qué consiste el Comité
El comité está pensado para incluir a distintos sectores y vincularse con los poderes Legislativo y Ejecutivo mediante el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, el Instituto Provincial de la Vivienda, «u organismo que en el futuro lo reemplace”.

Y viene a cubrir una necesidad operativa, ya que en numerosos intentos por mejorar las condiciones en estos lugares -regularizando, por ejemplo, el acceso a los servicios- se verificaba una gran descoordinación. A veces faltaba normativa o participación de los vecinos, otras buena voluntad de las empresas proveedoras y otras veces faltaban fondos.

Y no es que ahora vaya a aparecer todo el dinero que se precisa, pero al menos habrá modos institucionales de articular los pedidos de plata, organizar las ayudas y vehiculizar los conflictos.

El nuevo cuerpo estará integrado por 18 personas: 2 por el Ministerio de Planificación e Infraestructura; 2 por la Subsecretaría Desarrollo Social; 2 representantes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV); 6 representantes del Poder Legislativo Provincial (3 Diputados/as y 3 Senadores/as), y 6 representantes de la Sociedad Civil (3 miembros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y 3 miembros de la Mesa Provincial de Barrios Populares.

Fuente: Uno