Si el área “Malargüe Distrito Minero Occidental” fuera un departamento sería el de segundo mayor tamaño de Mendoza, pues le asignaron una superficie de 20 mil kilómetros cuadrados. Claro que es relativo, pues las propiedades mineras no representan la propiedad de la tierra. Pero la comparación sirve para mensurar la relevancia que el Gobierno busca darle al lanzamiento de la minería como actividad productiva en una provincia que estaba cancelada.

En Malargüe se concentra la atención porque hay voluntad política y, sobre todo, están los recursos. El trasfondo también tiene matices políticos y sociales, pues decidieron dejar en segundo plano a Las Heras y San Carlos, dos departamentos que tienen yacimientos mineros de alto potencial, pero que arrastran conflictos sociales y empresarios que los trabaron.

En el “Distrito Minero” hay más de 240 áreas relevadas, pero es un dato que subestima el potencial real por el bajo desarrollo en la exploración. Cobre, oro y uranio, son algunos de los minerales que hay. La atención está puesta en el cobre, el mineral considerado clave en la transición energética, pues creen que hacia el 2035 la demanda de ese producto crecerá enormemente. La mayoría de los proyectos están abandonados y hay unas 100 minas sin “dueño”. El núcleo de atención está en 82 áreas con altas probabilidades de mineralización metalífera, que ocupan una superficie de 264 km2.

La información disponible es promisoria, pues la geología indica que hay áreas “con un alto interés exploratorio, capaces de contener depósito de “clase mundial”, que exceden en dimensión al departamento de Malargüe”, según indica el informe del Servicio Geológico Minero Argentino. Muchas de las formaciones son compartidas con Chile. Cerro Amarillo, Las Choicas, Papagayos, Universidad, Metalitos y varios más, incluidas las minas Don Sixto. El mapa de interés minero comienza a complicarse cuando se superpone, por ejemplo, con el mapa del Inventario Nacional de Glaciares; con el de las cuencas hídricas y también con la superposición de posesión de las tierras. La competencia y convivencia entre actividades y la administración de los recursos naturales será el principal desafío. Por eso, la intención “es ir de a poco”.

El plan del Gobierno es primero ordenar administrativamente el panorama minero y generar nuevas condiciones políticas. Por eso el primer proyecto enviado a la Legislatura es un nuevo Código de Procedimiento Minero. Hoy en Mendoza hay un enorme desorden y también incumplimientos cruzados entre el Estado y los propietarios. Hay más litigios que producción, más empleo para abogados que para geólogos. En lo político, Cornejo también ejecuta cambios. Empoderó el área de promoción, subordinando las de control. Por eso la Dirección de Protección Ambiental fue absorbida por el Ministerio de Energía y Minería, junto con Ambiente. El control interno cruzado comienza a unificarse.

En lo productivo, la intención es promocionar la exploración. Esa actividad es la más estable en el largo plazo y aunque tiene menos inversión de shock, genera dinamismo. San Juan, por ejemplo, tiene solo dos minas metalíferas en producción y ambas están en su decline. Pero la cantidad de proyectos de exploración mueven la aguja productiva. Incluso muchas empresas mendocinas trabajan allí. No hay, por ejemplo, ninguna mina de cobre activa. Pero solo el proyecto Josemaría, genera 300 millones de dólares de inversión en exploración y pre-construcción. El método será sui generis. La ley indica que cada proyecto de exploración debe tener su Declaración de Impacto Ambiental aprobada por ley. El plan del Gobierno es agrupar proyectos para enviar a la legislatura una ratificación en bloque. Es decir que se apruebe la exploración de todo el Distrito o al menos por grupos de proyectos. El desafío estará en sortear las exigencias de la ley provincial de ambiente, la 5961, que reglamenta el procedimiento y también el decreto 820. Más, cuando las propiedades mineras están en manos de distintas empresas o, como ocurre, escribanos y abogados.

En Malargüe miran con esperanza ese plan. Pero se trata de un camino de largo aliento. Incluso con un recorrido distinto al acostumbrado. Entre que una manifestación de descubrimiento se registra y se desarrolla como mina pueden pasar varias décadas. Incluso proyectos altamente rentables necesitan un proceso que no lleva menos de 10 años; un largo plazo al que Mendoza no está acostumbrado. Los impactos de las minas que se explotan son fuertes: San Juan casi iguala a Mendoza en exportaciones solo con el oro de Veladero y Gualcamayo. La dependencia de la “monoactividad” también es riesgosa. Pero la dinámica de los procesos de exploración genera una diversidad de actividades que son el principal argumento de los defensores de la minería.

Ese departamento sabe lo que es explotar recursos naturales y también lo que es desperdiciar oportunidades. La riqueza que se generó por la explotación del petróleo no se ve reflejada en la vida productiva y social. Los recursos se estrujaron, pero no hubo un círculo virtuoso. Por eso, por ejemplo, no se desarrolló un polo logístico y Pata Mora no tiene ni siquiera servicios de calidad. Recién ahora se planifica ejecutar un plan, pero con inversión de un fideicomiso creado por el Estado. La plata de la época de las vacas gordas del petróleo malargüino se evaporó. Hoy, con la industria petrolera en declive, Malargüe sufre la carencia de visión que tuvieron sus dirigentes y las empresas que explotaron sus recursos. El caso más tangible, sin embargo, no es petrolero: el cierre intempestivo de Potasio Río Colorado generó un shock negativo enorme.

La falta de desarrollo de Malargüe es tal que el único proyecto de exploración no convencional de petróleo tuvo que hacer base en Neuquén, de otro lado del Río Grande, por falta de recursos. El plan de “generar condiciones” tiene ese nivel de atrasos. Algo similar ocurre con la masa crítica del Estado para ganar confianza. El área de minería tiene presupuestos y recursos irrisorios. Sin embargo, hay otros potenciales. La metalmecánica de Mendoza, por ejemplo, tiene una trayectoria enorme. Muchos de los equipos perforadores que se usan en San Juan para explorar son de Mendoza, incluso algunos adaptados porque eran usados en el petróleo. Las muestras extraías en las minas de la vecina provincia, también son enviadas a laboratorios mendocinos porque tienen equipamiento más moderno. La sociedad civil de Mendoza también está más organizada que en otros distritos y, sobre todo, el sector técnico y científico. Es decir, hay una rede de actividades anexas que sí están preparadas.

Un geólogo de San Juan muestra un testigo. Parte del material es enviado a Mendoza para su análisis.
Cornejo es especialista en crear condiciones administrativas y políticas para ejecutar cambios. Más allá de los métodos y resultados, el Gobernador lo ejecuta. Ocurrió con el sistema de administración de justicia y la política criminal, con la justicia civil, con la ley de administración e intentó hacerlo con le petróleo. Fue Cornejo quien autorizó la primera práctica de fractura hidráulica acelerando los procesos y, luego, elaborando una reglamentación específica. Ahora busca hacerlo con la minería.

La dificultad puertas adentro será la competencia por el uso, acceso y explotación de los recursos. La superposición de intereses puede generar distorsiones. Como lo que se promociona es la exploración, buscarán desmitificar los alcances e impactos de los procesos usados, que van desde recorridos «en mula» y trazado de caminos, hasta perforaciones y vuelos en helicópteros. Mendoza tiene en vigencia una potente trama de normas para resguardad los recursos naturales. La ley y, sobre todo, el plan de ordenamiento territorial establece zonificaciones y allí mismo se advierte sobre la superposición de intereses. Ocurre, por ejemplo, con los glaciares. «Existen incompatibilidades en el uso del suelo al coexistir» reservorios de agua con actividades productivas como la ganadería, el turismo y la minería. Cada departamento tiene su propio plan de ordenamiento y existe la idea del «buen vecino», es decir que haya interconsultas para evitar conflictos mayores.

Puertas afuera el desafío es complejo. ¿Cómo podrá explicar y convencer a los inversores que es posible crear una «isla» para desarrollar la minería? Es complejo, pues en esa industria buscan garantías normativas superiores. De hecho, las grandes inversiones para concretar proyectos de explotación están a la espera de algunas señales nacionales que den garantías para el resguardo de las inversiones, estabilidad fiscal y disponibilidad de divisas, entre otras cosas. El Gobierno busca aislar al Distrito Minero de lo ocurrido en el Valle de Uco, donde en 2005 y con un gobierno radical en el poder se amplió la reserva Laguna del Diamante para frenar proyectos mineros (con demanda en la Corte incluida) y también de lo que fue la gestación de la 7722. Pero más aún, de la propia impericia política y gestión del conflicto generada por Rodolfo Suarez en 2019.

Fuente: MDZ