La Ordenanza deja establecida la inhabilitación para ejercer cargos públicos municipales a aquellas personas condenadas en primera o segunda instancia por delitos. La inhabilitación abarca a todo funcionario dependiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo; incluyendo a concejales y Asesores, secretarios y Asesores de Bloques. También para Juez municipal de faltas, secretarios del juzgado municipal, Contaduría y Contraloría.

La inhabilitación se aplicará a quienes cometan delitos dolosos graves cómo los que están relacionados con hechos de corrupción, o los que cometen contra la integridad sexual de las personas y se extenderá desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

Además, la Ordenanza determina que para ocupar cargos será requisito la presentación de Antecedentes penales, Libre deudor alimentario de la provincia de Rio Negro y Declaraciones Juradas.