Los gobiernos locales no pueden escudarse en la falta de recursos económicos, escasez de personal o en la tercerización del mantenimiento para desentenderse de la seguridad de sus habitantes. Dictar normativas abstractas de edificación no es suficiente; si no hay una ejecución material de inspecciones, el Estado incurre en una «falta de servicio». Al permitir la instalación de una estructura riesgosa sin supervisión, el municipio incumplió groseramente su obligación de prevención.