Con el objetivo de fortalecer la vida democrática y brindar mayor transparencia al proceso electoral, Ulpiano Suarez presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto que establece la obligatoriedad de los debates entre los candidatos a intendente y concejales. La iniciativa busca que la ciudadanía conozca en detalle sus propuestas y plataformas, para que pueda evaluar a cada postulante y se fomente de esa manera el intercambio de ideas y la participación ciudadana.

Cabe destacar que, por ley, los debates ya son obligatorios para los candidatos a presidente y gobernador. Con esta propuesta que elevó el intendente de la Ciudad de Mendoza, se busca extender ese requisito a los candidatos a intendente y concejales en primer término, promoviendo así una mayor transparencia en el ámbito local.

Al respecto, Ulpiano Suarez afirmó: “El principal objetivo del proyecto es fortalecer las instancias de participación, sumar transparencia y dotar de información de calidad a la ciudadanía, para tomar la mejor decisión”.

El proyecto también propone que el debate sea transmitido en vivo por los medios de comunicación del municipio, así como a través de los perfiles oficiales en redes sociales y plataformas de streaming. La señal deberá estar disponible para todos los medios de comunicación públicos y privados que deseen difundir el debate de manera simultánea y gratuita.

Incluso, la transmisión contará con mecanismos de accesibilidad, incluyendo interpretación en lengua de señas, garantizando su acceso a toda la ciudadanía. Durante la emisión, ningún medio podrá agregar contenidos, realizar comentarios o modificar de ninguna manera la señal original.

Según la propuesta, los candidatos y candidatas a intendente que sean debidamente convocados y no se presenten al debate, serán sancionados mediante la suspensión de los espacios de publicidad audiovisual asignados a la agrupación política por la que se postulan, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 8619.

Esos espacios suspendidos serán redistribuidos de manera equitativa entre el resto de los candidatos y candidatas que participen del debate, garantizando así el cumplimiento de la normativa y la igualdad de oportunidades en la difusión de propuestas.