Cinco mil basurales a cielo abierto atestiguan a lo largo y ancho del país ese enorme descompromiso. El método de esconder debajo de la alfombra los residuos que producen las ciudades es la norma predominante para la disposición final de la basura que se genera en cada domicilio.

Viedma es la única ciudad de Río Negro que desde hace tres años tiene en funcionamiento un sistema de tratamiento integral e inclusivo de sus residuos y de impacto cero sobre el calentamiento global. Una de las pocas, además, que ha comprendido con todo su rigor el objetivo del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto.

En una planta de separación, operada por recuperadoras y recuperadores en condiciones laborales dignas, los residuos se clasifican para ser enviados a su tratamiento o disposición final. Los que tienen valor industrial se destinan para ser reciclados y el resto se envía a un sitio donde los técnicos, luego de un proceso que se aplica en el mismo relleno sanitario, confinan los desechos en domos herméticos para evitar cualquier contacto con la tierra, el aire y el agua.

Las celdas de confinamiento, construidas con membranas de polietileno de dos milímetros de espesor, están concebidas para que el lixiviado que producen los residuos en el proceso de descomposición, decanten en una pileta diseñada específicamente para neutralizar sus efectos contaminantes. También, las técnicas que se aplican en el relleno sanitario mitigan la liberación del biogás que genera la basura, sobre todo el metano, el gas más nocivo para la capa de ozono y el calentamiento global. Este último dato es el más elocuente para comprender la importancia de cerrar los cinco mil basurales a cielo abierto que existen en la Argentina.

El conjunto del sistema para sanear sus residuos le cuesta a Viedma el doble en relación al sistema tradicional que predomina en cualquier ciudad del país. La inversión es muy alta considerando que la fuente específica para financiarlo apenas cubre un cuarto de su costo.

Desde que lo pusimos en funcionamiento, en 2020 -en plena pandemia-, hasta el mes de mayo de este año, el servicio demandó la aplicación de mil millones de pesos, el equivalente a 150 calles de pavimento, aproximadamente. Y todo ello con un acompañamiento irrelevante de las jurisdicciones nacional y provincial, no sólo desde el punto de vista financiero, sino, incluso, sin un apoyo mínimo para fortalecer el sistema o financiar otras políticas ambientales que forman parte de nuestra Agenda Verde.

Para hacer más sustentable el proceso, organizamos un consorcio con la Municipalidad de Patagones que comprende también a la Comisión de Fomento de San Javier y al que esperamos incorporar, además, a la Municipalidad de San Antonio Oeste. Viedma, en ese marco, produce el ochenta y dos por ciento de los residuos que se procesan en la planta de separación y que se disponen, finalmente, en el relleno sanitario. El dieciocho por ciento restantes proviene, mayormente, de Patagones.

Este consorcio es único en su tipo: integra a dos ciudades de jurisdicciones provinciales distintas y, al mismo tiempo, asegura para la microregión a las que ambas pertenecen, un mismo estatus ambiental en relación a la disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en la comarca.

En la misma dirección, la organización y funcionamiento del consorcio ha generado un reconocimiento del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y una ponderación especial en la que destaca la calidad del modelo de gestión ambiental, inclusión social y economía circular para el proceso de Benchmarking del GIRSU Rating (manual de buenas prácticas y punto de partida) para el resto de las ciudades de América Latina.

Es un orgullo para nosotros que, lo que hemos logrado hasta ahora, tenga el más alto reconocimiento de la entidad que financió las obras civiles y el equipamiento de todo el sistema. Pero es insuficiente en términos prácticos, porque a nosotros nos interesa garantizar la continuidad de lo que venimos haciendo, y que más temprano que tarde la balanza de costos se equilibre de manera sostenible para el gobierno municipal.

En diversas ocasiones hemos dicho que resulta muy injusto que los municipios que hemos cumplido el compromiso de poner en marcha los sistemas de gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) no tengamos un acompañamiento financiero que nos permita consolidar una política pública tan importante y tan costosa a la misma vez.

La contribución que estamos haciendo para mitigar el calentamiento global es concreta y se puede chequear en el esfuerzo financiero que representa para la administración de mi gobierno. En Viedma gastamos el doble de lo que gasta cualquier otro municipio que continúa quemando la basura a cielo abierto, o escondiéndola lejos de la vista, aunque comprometa cursos de agua, lagos y ríos.

Pero, lamentablemente -debo subrayarlo-, la decisión que hemos tomado para contribuir a una política ambiental de fondo no tiene una contraparte para equilibrar el esfuerzo. Ni los gobiernos nacional ni provincial nos asignan más recursos económicos o más programas de obras que a los municipios que afectan el ambiente por los modos de tratar sus residuos.

No pedimos castigos, pero si lo contrario para aquellos que contribuimos de manera efectiva al cumplimiento de los compromisos jurídicos que el estado argentino ha tomado en virtud de los tratados internacionales sobre el cambio climático.

En Argentina todos hablan del desarrollo sostenible, del Acuerdo de París y de las acciones para frenar el calentamiento global; hablan sobre la mitigación de los efectos de los gases de efecto invernadero y hablan sobre la necesidad de adaptar las políticas públicas al proceso de transición energética. Hablan. Pero lamentablemente son muy pocos los que realizan acciones efectivas. Parafraseando el viejo dicho popular, mientras uno se dedica a trabajar hay diez que hablan o critican al mismo tiempo mientras el planeta se destruye día a día.

En este punto, me interesa volver sobre un dato de la realidad para fijarlo en la consideración pública: lo que mi gobierno invirtió para mantener el sistema de separación, reciclaje y confinamiento es lo que otros municipios tienen para invertir en obras de pavimento, por ejemplo, o en el mejoramiento general de sus calles. Lo que ahorran quemando los residuos, en basurales habitados, generalmente, por personas que viven y trabajan en esos mismos lugares en condiciones infrahumanas, es lo que usan para obras muy demandadas por los vecinos y que paralelamente son las que más réditos y aplausos le dejan a cualquier gobierno.

Es más: hay municipios que recibieron los mismos aportes del BID para montar las estructuras del sistema pero que continuaron con la recolección y disposición final de siempre, usando inmediatamente los rellenos sanitarios como si fuesen basurales a cielo abierto e inhabilitándolos para la función para la que fueron construidos. A otros los han estimulado con recursos nacionales y equipamiento para que los pongan en marcha luego de tenerlos paralizados durante años. Por eso es realmente injusto que quienes hemos cumplido y hemos logrado -como en nuestro caso- un reconocimiento de una institución internacional como modelo para toda América Latina, por la calidad del servicio que hemos organizado y los resultados que venimos alcanzando, no tengamos el reconocimiento económico que se desprende del aporte concreto que hacemos en materia ambiental y del contexto de lo dicho hasta aquí para subsanar lo que entendemos como una clara injusticia.

De mantenerse la falta de acompañamiento, en la búsqueda de atacar las causas del calentamiento global con una política pública tangible como puede mostrar Viedma, en poco tiempo nos obligarán a evaluar si se puede sostener desde el municipio el tratamiento integral de los residuos o nos veremos obligados a volver a las prácticas contaminantes que reinan a lo largo y ancho de todo país para no afectar nuestras cuentas más allá de los límites posibles.

El pasivo ambiental que deben tratar los municipios es enorme, y es un pasivo que tiene diversidad de orígenes, sobre todo cuando analizamos de dónde vienen los envases de cualquier producto y cuya disposición final no forma parte de los costos de las empresas sino, en este caso -como resulta en la práctica- es eludido y termina recayendo sobre el municipio.

No queremos dar un paso atrás en este modelo de gestión ambiental e inclusión social que pusimos en marcha, ni siquiera plantearlo como hipótesis. Y muchas veces basta con observar la mirada de las ochenta recuperadoras y recuperadores urbanos que trabajan en Viedma, que habían sido arrojados a la calle en el año 2001 a la situación más indigna que puede vivir un ser humano -revolver la basura para poder vivir y darle de comer a sus hijos- para sacar las fuerzas que hoy estamos necesitando.

Y si lo expuesto no es suficiente, bien basta con observar los basurales a cielo abierto, permanentemente incendiados y con cientos de personas rodeando los camiones una vez que ingresan a tirar los desechos, mientras largas columnas de humo trepan en el aire para continuar sumando más gases de efecto invernadero al delicado equilibrio de nuestra atmósfera, para advertir la gravedad del tema que nos ocupa.

Por eso la construcción de la sostenibilidad del sistema es un compromiso que debemos asumir entre todos los niveles del estado y con todos los actores involucrados en la generación de residuos. Porque los municipios, solos, no podemos. Necesitamos ayuda para que el sistema tenga larga vida y podamos continuar trabajando en la búsqueda de salvar la Casa Común, el hogar de todos.