Jorge advirtió sobre las consecuencias que enfrentará la población, debido a lo que describió como “un tarifazo inexorable” que se avecina. Señaló que el sector del transporte en todo el país se encuentra al borde de la quiebra, con salarios de choferes de colectivos que podrían alcanzar el millón de pesos, lo cual impactaría negativamente en el funcionamiento del sistema, “esta situación nos tiene muy preocupados al colectivo de intendentes de todo el país y a los gobernadores, es una actitud muy discriminatoria y políticamente incorrecta del gobierno de Javier Milei para con el pueblo argentino”, remarcó.

El intendente indicó que se trata de una represalia directamente vinculada al fracaso de la sanción de la Ley Ómnibus, “muchos de los que lo votaron van a padecer esta única salida que hoy por hoy tenemos a mano, que va a ser un tarifazo que inexorablemente tiene que llegar. Los esquemas en el transporte de todo el país están prácticamente quebrados, se ha aprobado una paritaria que lleva a un chofer de colectivos a cobrar un salario de un millón de pesos, esto también va a afectar la ecuación para que pueda funcionar todo el sistema, y estamos más que preocupados a lo largo y a lo ancho del país. Intendentes y gobernadores, hemos escuchado a Maximiliano Pullaro, de la provincia de Santa Fé; a Alfredo Cornejo, de Mendoza, y a tantos otros expresando su preocupación, ya que pareciera que el presidente está tomando represalias que tienen que ver con el fracaso de la sanción de la denominada Ley Omnibus”.

A su vez, remarcó que esta medida “está castigando no solo a los intendentes, está castigando al pueblo, a millones de argentinos, que son laburantes, que tienen hijos. El boleto de transporte público de colectivos, en San Salvador cuesta $266, pero calculando con todas las cuestiones de aumento de combustibles, insumos y tomando la fórmula polinómica, estamos hablando de un boleto de aproximadamente 800 pesos, esto, sin que impacte la paritaria nueva”.

Jorge alertó sobre el impacto que tendrá esta medida sobre el bolsillo de los trabajadores, “por mi cargo partidario como secretario general de la UCR a nivel nacional, estoy en contacto con muchos intendentes de todo el país, además tenemos contacto directo con muchos municipios que pertenecen al peronismo o a otras fuerzas políticas, y estamos hablando de que el boleto puede llegar a costar entre 800 a 1000 pesos”.

El intendente también hizo hincapié en la preocupación compartida por numerosos intendentes y gobernadores, “estamos intentando ponernos en contacto en todo el país, porque creo que lo conveniente sería establecer un boleto casi con un valor único en todo el país. Esperamos que el gobierno reflexione, vaya atrás con esta medida discriminatoria que atenta con muchas de las jurisdicciones, con gente que había depositado mucha confianza en ellos, confiando que los ajustes se iban a hacer de otra manera”.

Por otro lado, reconoció que “hacía falta ir compatibilizando todo el tema de los precios, pero no de esta forma, descabellada, autoritaria, letal para muchos argentinos. Creo que los intendentes, los gobernadores, tenemos que plantear la situación con fe. Agradezco a todos los medios de comunicación que están implicados en esta situación, que no es de los poderes locales, de los gobernadores, sino que la decisión casi suprema, es de este flamante presidente, que desde mi punto de vista está haciendo muy mal las cosas, que no mide con la misma vara y no respeta muchas veces las decisiones de un poder que él cita permanentemente, como el que plantea Alberdi”.

Jorge, criticó duramente la actitud del presidente Milei, remarcando que “estamos regidos, no por un dueño de la Argentina, sino por un sistema democrático que tiene poderes, y que tiene también el poder de representación, tan importante a la hora de debatir este paquete de leyes que obviamente se aprobó en general, que muchos artículos fueron acordados por muchos diputados y otros verdaderamente no, porque iban contra de una cuestión tan importante como esta”.

Jorge destacó la política municipal del BEGU, subrayando que corre peligro su continuidad debido a las medidas nacionales, “en San Salvador de Jujuy tenemos un sistema que se llama BEGU, (Boleto, Estudiantil, Gratuito Universal), que lo subsidia la municipalidad para que todo el concepto de la educación pública pueda viajar, y somos muy responsables y tenemos prácticamente nuestras bases para facilitar a todos los necesitados, fundamentalmente a los que están en los sectores más periféricos y que necesitan un colectivo”.
“En mi ciudad, a través de BEGU, los estudiantes viajan gratuitamente, vamos a tratar de defenderlo, ya que se lo está subsidiando con recursos propios. Pero esto también se pone en riesgo, pensemos en una familia que tenga que mandar cuatro o cinco chicos a la escuela. Esta situación ya la están planteando empleados de comercio, y todo esto va comiendo al salario que ha quedado devaluado totalmente en relación a los costos, a los precios y todo lo que se está pagando”.

Finalmente indicó que “pareciera que se trata de una venganza letal contra gobernadores que no acompañaron al proyecto nacional, esto les pasó a muchos y tuvieron que adaptarse y tener que negociar, pero no en base al sacrificio y al dolor de los que más necesitan”.

Preocupación en el Concejo Deliberante ante la quita de subsidios al transporte

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, expresó su profunda preocupación junto al intendente Raúl Jorge por la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Compensador del Transporte, medida que impactará de manera directa en el interior del país.

“Desde el Concejo Deliberante vemos con muchísima preocupación la decisión interspectiva inconsulta del Gobierno Nacional de eliminar lo que es el Fondo Compensador del Transporte que afecta directamente a todo el interior del país”, manifestó Aguiar.

El edil destacó que esta medida mantendría recursos para el área metropolitana de Buenos Aires, mientras retira el apoyo financiero a ciudades del interior como Salta, Rosario, Córdoba y otras que dependen de estos subsidios para garantizar un servicio de transporte público accesible y de calidad.

“No solo afecta a los gobiernos provinciales o municipales, sino que impacta directamente en el trabajador, en las familias de los trabajadores, de los estudiantes, de cada uno que necesita del sistema de transporte para llegar a sus tareas”, subrayó Aguiar.

Ante esta situación, el presidente del Concejo Deliberante señaló que se analizarán detalladamente los dispositivos normativos una vez publicados, y se buscarán caminos de acción que podrían incluir medidas judiciales y discusiones políticas a nivel nacional para garantizar los recursos necesarios.

“Destacar que la aplicación directa en la tarifa de la reducción de estos subsidios podría llevar a tarifas entre 800 y 1.000 pesos, lo cual nos preocupa sobremanera”, agregó Aguiar, resaltando las posibles repercusiones económicas negativas para los usuarios del transporte público.